El Caso Majaz: La Voz del Pueblo
Escrito por Guarango.
La concesión minera Majaz está ubicada en una frágil zona de bosques de neblina con especies raras y en peligro de extinción, cerca de la frontera entre Perú y Ecuador. Monterrico Metals, una empresa inglesa, es propietaria de la concesión, pero sus acciones fueron compradas recientemente por el consorcio Zijin, una coalición de empresas públicas y privadas chinas.
El consorcio espera convertir a Majaz en una de las minas de cobre más grandes de Sudamérica. Un reporte publicado recientemente por Perú Support Group señaló que la mina propuesta podría tener impactos ambientales y sociales negativos en toda la región.
La minera enfrenta una firme oposición de los comunidades locales y se han producido ya varios encuentros violentos. Como consecuencia de ellos 2 personas murieron y varios resultaron heridos. Los líderes de las 3 provincias que serían las más afectadas por la mina (Huancabamba, Ayabaca y Jaén) se han unido para formar el Frente de Defensa de la Frontera Norte de Perú.
Junto a ONGs y grupos religiosos de Piura y Lima están luchando para preservar el área de la explotación minera y para encontrar una solución pacífica al conflicto.
Guarango trabaja con los líderes de las comunidades, activistas y grupos de la sociedad civil apoyándolos en sus campañas de incidencia en medios. Este proyecto comprende talleres, el apoyo y acompañamiento a las campañas y la producción de materiales audiovisuales para medios e internet como spots de video y radio.
Realizado por GUARANGO Cine y Video.
Cámara: Javier Becerra Heraud.
Sonido: Julio Castro
Mario y otros 28 líderes comunitarios fueron torturados por la policía peruana y una empresa privada de seguridad, por defender sus tierras.
Podemos evitar más abuso y muerte en Perú.
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DENUNCIAN A MONTERRICO METALS POR ASESINATO A INDIGENAS
La compañía minera británica Monterrico Metals Plc está siendo
demandada en un tribunal de Londres por la tortura de decenas de indígenas y el asesinato de un agricultor en Perú, durante la represión policial y paramilitar de una protesta civil en 2005, contra el proyecto minero Majaz.
Para cometer estos delitos, Monterrico Metals tuvo el apoyo de un ex embajador británico en Lima y de una empresa peruana de seguridad, actuando como un grupo paramilitar. También la empresa británica tuvo el apoyo firme de las autoridades del gobierno peruano, durante los gobiernos de los presidentes Alejandro Toledo y Alan García en la actualidad.
El periodista peruano Julio Vásquez describe su tortura en una conferencia de prensa en Lima en enero de 2009 - Foto: Reuters Monterrico Metals Plc inició sus operaciones a finales de 2002 en el norte de Perú con su subsidiaria Empresa Minera Majaz SA en las comunidades indígenas de Segundo y Cajas y de Yanta, sin el consentimiento de la población local.
El proyecto se ubica en las provincias de Ayavaca y Huancabamba, región de Piura, en la frontera con Ecuador.El asesinato, tortura y abusos sexuales que sufrieron los ciudadanos peruanos
fueron cometidos en 2005 por un escuadrón de agentes especiales de la policía de Perú (DINOES) y agentes de seguridad privada de la empresa Forza Perú, bajo la solicitud de Monterrico Metals Plc, dirigida entonces por el inglés Andrew Bristow.
Los policías y agentes privados atacaron con armas de fuego y bombas lacrimógenas a los agricultores indígenas desarmados que fueron detenidos, torturados y asesinados después de protestar contra el proyecto de Minera Majaz SA, la subsidiaria de Monterrico Metals -que ahora se llama Río Blanco Copper SA- ubicada en el norte de Perú en la frontera con Ecuador. El agricultor local Melanio García murió como consecuencia de estos abusos.Estos crímenes fueron ignorados y negados por el gobierno peruano. Tanto los presidentes Toledo y García, el Poder Judicial peruano y la mayoría de medios de comunicación de Perú se mantuvieron en silencio por años, y la prensa fue pagada para desacreditar a los manifestantes como "terroristas", supuestamente patrocinados por Hugo Chávez, e incluso por Al Qaeda.
Pero a principios de este año las fotos tomadas por los torturadores fueron reveladas. El periodista peruano Julio César Vásquez, una de las víctimas de la tortura, junto con organizaciones de derechos humanos de Perú organizaron una conferencia de prensa en Lima el 6 de enero pasado y mostraron estas impactantes fotografías compartidas por una fuente anónima.
Estas fotos,
imágenes muy fuertes, están siendo utilizados como pruebas por el abogado Richard Leigh Meeran de las oficinas de Leigh Day en Londres:
..Un mes después de la conferencia de prensa, Julio César Vásquez y otros testigos recibieron amenazas de muerte
por telefóno:
¿Desde cuándo es tu trabajo ayudar a los terroristas? Vamos a asegurarnos de que te pudras en la cárcel si no retiras las acusaciones, si no lo haces, entonces vas a llegar a la cárcel en pedazos”.
Monterrico Metals Plc era propietaria de Minera Majaz SA, cuando ocurrieron los abusos. Luego este proyecto ya rebautizado como Río Blanco Copper SA fue vendido en 2007 a la empresa Xiamen Zijin Tongguan de propiedad en parte del gobierno de China.
La mayoría del personal de Majaz han permanecido en sus puestos, excepto los que estaban a favor de un diálogo con las comunidades locales, los cuales fueron despedidos.El embajadorEn entonces embajador británico en Perú, Richard Ralph, dejó su cargo diplomático para asumir el liderazgo de Monterrico Metals Plc. pero fue descubierto por la justicia británica. Esta historia desagradable es descrita por
el bloguero británico Ten Percent quien escribió esto en enero de este año.
En 2006, Richard Ralph, renunció a su cargo como nuestro embajador en Perú y asumió la presidencia de... Monterrico Metals, y luego pasó a supervisar su venta a una empresa china, una transacción que él utilizó fraudulentamente para lograr transacciones secretas para beneficiarse a sí mismo, esto lo sabemos que él fue descubierto:Richard Ralph, el ex presidente ejecutivo de la minera Monterrico Metals que cotiza en Aim, fue multado con £ 117,691.41 por la Autoridad de Servicios Financieros, y su amigo, el empresario belga Filip Boyen, recibió una pena de £ 81,982.95 por la negociación de las acciones de Monterrico en base a información privilegiada.
Además, la influencia corrupta de Richard Ralph como embajador de Reino Unido en Perú y su relación con Alberto Fujimori benefició a su amigo Filip Boyen en otro negocio: Boyen es
vice presidente de operaciones de Hoteles Orient Express, la compañía británica que compró el servicio de tren de Cusco a Machu Picchu, que ahora se llama Perú Rail.
Esta es una empresa conocida por sus prácticas de discriminación racista contra los pasajeros no-blancos, sobretodo contra los mismos indígenas que construyeron la ciudad sagrada.El apoyo del gobierno de Perú a Monterrico Metals Después de los abusos de 2005 en Río Blanco, el Fiscal peruano encargado del caso ignoró las reivindicaciones de los pueblos de Ayabaca y Huancabamba, y archivó el caso pero más tarde fue encarcelado por cargos de corrupción.
El presidente Alejandro Toledo dejó el poder en 2006 declarando que su gobierno estaba limpio de cualquier caso de derramamiento de sangre, y que la paz finalmente llegaba a todos los peruanos. A Toledo no le preocupaba la suerte de la minera Río Blanco, pues ya estaba asegurada.Como candidato, Alan García prometió al pueblo de Ayabaca que iba a defenderlos de las empresas mineras en la región, pero había mentido de nuevo. En 2007, cuando Alan García ya estaba en el poder, la corporación china Xiamen Zijin Tongguan compró Minera Majaz SA, y nuevas disposiciones del gobierno peruano fueron adoptadas para asegurar que el proyecto continuara.Los pueblos indígenas se organizaron y esta vez celebraron un referéndum general en septiembre de 2007.
La presencia de Minera Majaz fue rechazada en los tres municipios afectados de Ayabaca, Carmen de la Frontera y Pacaypampa. Pero grupos armados pagados por Majaz trataron de intimidar a los electores e incluso los observadores electorales, mientras que el gobierno y los medios de comunicación locales trataron de presentar los activistas contra la minería como terroristas.
En marzo de 2008, autoridades locales y activistas fueron demandados por el gobierno por el delito de terrorismo, incluyendo a organizadores comunitarios, líderes indígenas y miembros de ONGs como Javier Jahncke (FEDEPAZ) y Julia Cuadros (Cooperacción). Los fiscales finalmente cancelaron el caso hasta diciembre de 2008, cuando se reabrió el mismo. En el mismo mes, el presidente Alan García y su ministro de Defensa, Antero Flores-Aráoz, autorizaron las operaciones de Majaz en la región fronteriza mediante el Decreto Supremo 024-2008-DE, que contradice a la Constitución peruana.
En enero de 2009 las fotos controversiales fueron presentadas a la prensa por los miembros de FEDEPAZ y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. La primera reacción de Río Blanco Copper SA fue negar las acusaciones diciendo que sus instalaciones fueron incendiadas por los agricultores, y luego rechazó su responsabilidad diciendo que se compró la compañía en 2007-a pesar de que el mismo personal de Monterrico Metals Plc permaneció en sus puestos de trabajo.
La entonces ministra de Justicia de Perú, Rosario Fernández,
manifestó su apoyo a Río Blanco Copper SA.El actual ministro de Medio Ambiente de Perú, Antonio Brack, no ha denunciado el proyecto de la contaminación de Río Blanco, pero ha admitido que en el pasado recibió miles de dólares de la Minera Majaz para
producir su programa de televisión "La Buena Tierra" - que trata de minería y medio ambiente. Brack dijo en ese programa que Majaz no representa una amenaza para el medio ambiente de esa región. También Brack dijo que ha recibido financiación de otras empresas mineras, incluyendo a Barrick Gold Corporación, la cual ha sido acusada de prácticas nocivas contra el medio ambiente por grupos ambientalistas en varios países.
Los intereses de Monterrico Metals en Perú Monterrico Metals es una empresa relativamente pequeña con sede en Londres, y parece que fue creada para operar en Perú: su sitio web dice que la empresa está registrada en Hong Kong, y que sus operaciones principales están en Perú.
La compañía explora reservas de cobre, plata y oro para luego busca inversionistas para la extracción de las mismas.
Monterrico Metals todavía tiene propiedades en Perú. La empresa británica tiene los siguientes proyectos mineros:
Mamañina (de cobre) se encuentra en el lado este de la cordillera Blanca, entre 3.900 y 4.650 m. de altitud, aproximadamente 580 Km. al norte de Lima, cerca de Huaraz.
Monterrico Metals ha adquirido una participación del 100%Carisla (oro) se encuentra en la región de Junín, provincia de Huancayo, cerca del pueblo de Betania, en la cordillera occidental del sur del Perú con una altitud entre 4.500 y 4.900 m. El proyecto es 100% propiedad de Monterrico.
Conaviri (oro) está situado en la región de Puno, en el sur de Perú. Monterrico tiene un interés del 100% en el proyecto.
Antaymarca (plata) se encuentra en el sur de Perú en la parte central de la cordillera occidental Andina, a sólo 20 Km. de Pumanuta. Al proyecto se puede acceder a través de Arequipa y Caylloma, a través de la carretera de la mina. Monterrico tiene un interés del 100% en el proyecto. El sitio web de Monterrico Metals elogia
las políticas neoliberales aprobadas por el ex dictador Alberto Fujimori, las que atrajeron a inversionistas extranjeros a la nación andina:
Desde 1991, la ley de minería [de Perú] han sido simplificadas y ahora ofrecen un marco atractivo para el desarrollo de proyectos mineros. Hay pocas limitaciones en la explotación de concesiones mineras en Perú.
Las concesiones pueden ser compradas al 100% por empresas nacionales o extranjeras de forma indefinida, siempre que se pague una cuota anual de $3 dólares por hectárea al gobierno como un impuesto sobre la tierra. El título de concesión también es válido para la exploración y la minería, por lo tanto, no hay procedimientos complicados de ‘conversión complicada'.
La ley minera de Perú es clara y su excelente potencial geológico ha ayudado al país a atraer una de las mayores inversiones para exploración y desarrollo de mineras en el mundo.
También Monterrico Metals Plc dice en su sitio web que Río Blanco tiene reservas de cobre y molibdeno, en una zona aislada sin población y que "la fecha prevista para la primera producción es 2011."Minería ilegal y dañinaEl proyecto Río Blanco o Majaz se encuentra en las tierras altas de la cordillera de los Andes conocido como los bosques nublados, y es donde nacen las fuentes de agua para los valles bajos, donde cientos de miles de personas viven dedicados a la ganadería y el cultivo de productos agrícolas gracias al agua proporcionada por los ríos locales.
Si este proyecto tiene éxito esos ríos serán contaminados y otras empresas mineras querrán entrar en la región, incluido la empresa Newmont de EEUU, la minera más grande del mundo.
Proyectos de exploración de Majas, no tiene el
consentimiento de las comunidades locales -en su mayoría indígenas y campesinos mestizos- para ingresar a la región.
Los locales son apoyados por activistas de derechos humanos y sacerdotes católicos. El proyecto está ubicado en la frontera con Ecuador, que según la Constitución del Perú aprobada por Fujimori, los inversionistas extranjeros tienen prohibido poseer propiedades dentro de 50 kilómetros de cualquier frontera internacional.
Sin embargo, el presidente Alan García firmó un decreto supremo a finales de 2008 que autoriza el proyecto de minería a través del Ministerio de Defensa.
Los métodos de extracción de cobre planeados en Río Blanco incluyen
técnicas muy dañinas para el medio ambiente. Según un informe de Monterrico Metals, la empresa Minera Majaz hoy Rio Blanco pretende desarrollar la técnica convencional de tajo a cielo abierto, conocido mundialmente como el peor método de contaminación minera. La mina procesará el mineral chancado y molienda a través del método de flotación. La flotación es el uso de agentes químicos que tienen la capacidad para separar las partículas de las rocas minerales. Este proceso logra un concentrado que es sometido a un proceso de fusión con altas temperaturas y después de la conversión y los procesos de refinado, el cobre logra un 99,9 por ciento de pureza. [...]La producción de cobre a tajo de cielo abierto es muy contaminante. En las primeras etapas de la extracción, la refinación y de procesos químicos, se producen aguas ácidas, relaves tóxicos, oligoelementos y metales tóxicos que contaminan el medio ambiente.
La calidad del aire y la salud humana están en peligro por las partículas de polvo nocivo. Todas las actividades mineras generan grandes cantidades de materiales desechables o residuos, aceites dañinos, que afectan la salud humana y animal. En el proceso de fundición de concentrados, los gases son liberados, como el dióxido de azufre y metales tóxicos como el arsénico, el plomo y el cadmio. [...] De Río Blanco se planea transportar los concentrados de cobre y molibdeno por un sistema de tuberías o camiones hasta Paita, un puerto marítimo en el Pacífico, para su exportación.
Los pobladores locales se siguen organizando para defender sus tierras y por la supervivencia de sus formas de vida, como lo han estado haciendo desde hace siete años. Este es un resumen de las actividades de Monterrico Metals Plc, gracias a la información compartida por Wilfredo Ardito Vega, un activista peruano de derechos humanos, y por otras fuentes.
Durante 2003 y 2004, las comunidades afectadas se organizaron para protestar contra el proyecto minero con el apoyo de las autoridades católicas locales y activistas ecologistas. El gobierno de Alejandro Toledo ignoró las protestas, y mintió ofreciendo un diálogo que nunca ocurrió. Una marcha popular a Majaz organizada en abril de 2004 terminó con la muerte del agricultor Reemberto Herrera por parte de la policía peruana. Para ocultar el crimen, Minera Majaz denunció a los manifestantes y los sacerdotes como terroristas, pero el caso en el Poder Judicial fue retirado posteriormente.
En noviembre de 2004, un grupo de matones contratados por Majaz destruyó las instalaciones de la radio comunitaria "La Poderosa", propiedad del periodista Federico Ibáñez. Un mes después, el mismo periodista y la organizadora de los agricultores Josefa Adrianzén fueron torturados por el mismo grupo paramilitar, y ambos fueron detenidos durante dos meses por la policía peruana, sin justificación.
Durante tres años, un sector manipulado de los medios de comunicación peruanos, incluyendo periódicos y estaciones de televisión acusaron a los agricultores y los sacerdotes que se oponen a Majaz como "terroristas", vinculándolos a los gobiernos de Venezuela, Cuba y guerrilleros de Afganistán.
Torturadores.
DINOES y Forza Perú En Perú sólo hay una sola unidad policial.
La Policía Nacional de Perú, que incluye a fuerzas especiales creadas durante la guerra interna con la guerrilla en los años 1980 y 1990, quienes reciben entrenamiento militar utilizado hoy para reprimir las protestas populares.
La mayoría de los miembros de las fuerzas de la policía del Perú son indígenas y afro descendientes, que lamentablemente atacan a sus propios pueblos por dinero, al servicio de sus opresores.
La
DINOES es la Dirección Nacional de Operaciones Especiales, un escuadrón militarizado de comandos capacitados que ganó reputación por sus métodos extremos para combatir a las guerrillas de Sendero Luminoso y el MRTA en la década de 1990, los que desgraciadamente permitieron violaciones de derechos humanos.
En los últimos años la DINOES ha sido responsable de la muerte, tortura y palizas de civiles inocentes
en varias regiones de Perú. Más recientemente, los hombres de DINOES participaron en la masacre de Bagua en la región amazónica de Perú, donde entre 50 a 250 indígenas fueron asesinados después de protestar contra proyectos de minería, petróleo y madereras en sus tierras. Algunas fuentes dicen que las fuerzas de DINOES que atacaron a los pueblos indígenas en Bagua han sido entrenadas y financiadas en parte por
el gobierno de EEUU.
La policía peruana ataca a un hombre indígena en Bagua - Forza Perú SA es una empresa de seguridad privada
creada en 1991, que presta servicios a empresas privadas de minería, petróleo, energía, comunicaciones, transporte, banca, construcción, de educación e instituciones gubernamentales -incluyendo a la
embajada británica en Lima.
Forza Perú SA fue parcialmente comprada en 2007 por
la corporación Securitas de EEUU y sus agentes están trabajando en algunos casos como grupos paramilitares para proteger a abusivas mineras privadas en Perú como Newmont, Majaz (Rio Blanco) y otras.
Forza Perú tiene vínculos con las fuerzas armadas y el gobierno de Perú, especialmente a través del vicepresidente Luis Giampietri, quien también es responsable de asesinatos de civiles en una cárcel del Perú en 1986.La mayoría de los inversionistas y personal de Forza Perú son o fueron miembros de la Marina de Guerra de Perú. Esto incluye a su
fundador y dueño parcial Ricardo Vega Llona, cuyo hermano Juan Carlos Vega Llona era capitán de la Marina del Perú cuando participó en la matanza de los civiles de la prisión de El Frontón en 1986, el mismo delito del ahora vicepresidente Luis Giampietri.
[Ver
descripción y video de esos actos delincuenciales]Tambien Forza Perú SA tiene lazos cercanos con Business Track, una empresa privada de seguridad que “estaba involucrada en el espionaje de organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales y grupos de oposición de Perú.” El trabajo de Business Track incluyó la creación de campañas mediáticas contra los activistas anti-mineros, incluyendo el sacerdote católico y posible candidato a la presidencia,
Marco Arana.
El dueño de Business Track es Manuel Ponce, un capitán retirado de la Marina de Guerra de Perú, quien dijo durante una
entrevista publicada por IPS:
“[El vicepresidente de Perú Luis] Giampietri y yo somos amigos; de hecho soy amigo con todo el mundo, incluyendo el presidente [peruano Alan] García. Les he dado a todos ellos información que necesitan, gratuitamente. Todos me han consultado, incluye el presidente García,” dijo Ponce en una entrevista desde la prisión a través de su teléfono celular publicada el 8 de febrero por el diario La Republica, de Lima.
Manuel Ponce ha sido juzgado por violaciones de derechos humanos, cometidas cuando trabajaba en la Dirección de Inteligencia Naval, durante la dictadura de Alberto Fujimori.Lo que viene para el pueblo de Perú es impredecible.
La comunidad internacional debe apoyar la lucha de los civiles peruanos contra sus más poderosos enemigos: las compañías mineras privadas agrupadas en la poderosa Sociedad Nacional de Minería, los racistas políticos de la derecha peruana que prefieren la represión violenta en vez de dialogar con los más pobres ciudadanos, y el actual gobierno del presidente Alan García, quien es conocido por sus crímenes contra derechos humanos, abusos y corrupción.
Carlos Martínez Solano, un líder comunitario del Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte de Perú, explica lo que él cree es
la estrategia de las mineras privadas y el gobierno de Perú con sus medios de comunicación manipulados: "Ellos quieren crear las condiciones para que en algún momento tengan la autoridad para declarar el estado de emergencia en las provincias de San Ignacio, Huancabamba y Ayabaca, para que puedan militarizar la región y permitir la actividad minera, incluyendo Majaz y otras concesiones que se aprobarían en estas provincias " Eso es similar a lo que está sucediendo ahora en los valles del VRAE en los Andes centrales del Perú, donde la militarización de un conflicto de mafias protege el cultivo de hoja de coca para la producción de cocaína.
Mientras tanto, Mario Tabra Guerrero, un sobreviviente de la tortura y los ataques de Majaz y ahora líder de la organización Frente de Defensa de Ayabaca
ha escrito:
Las comunidades no tenemos otra opción que intensificar nuestra resistencia contra la arrogancia de las transnacionales chinas, europeas o norteamericanas, al final ellos sólo quiere satisfacer sus intereses egoístas de enriquecimiento ilícitos, a expensas de los recursos naturales que se encuentran en las tierras de [nuestras comunidades] indígenas, nativos y campesinos. Mientras el gobierno de Perú esté liderado por políticos corruptos quienes sólo se preocupan por sus bolsillos, antes que los derechos y el futuro de sus ciudadanos y menos aún por la protección del medio ambiente, nada vá a cambiar en Perú y la vida de millones de personas inocentes seguirán en peligro.
La comunidad internacional debe recordar a las autoridades peruanas y en especial al presidente Alan García de su responsabilidad y deber para cumplir con la legislación internacional sobre derechos humanos, derechos laborales, protección del medio ambiente, la responsabilidad de las sociedades y los derechos de pueblos indígenas sobre los recursos encontrados en sus territorios.
