CONACAMI : Llamamiento a la Unidad

Miguel Palacín Quispe, coordinador de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas y vocero del Movimiento Cumbre de los Pueblos, en entrevista a la revista “Nueva Civilización” propuso la integración de todas las organizaciones en un solo bloque como única salida para detener el frenesí entreguista y represivo del régimen de turno. Lo resume en una frase: “Divididos no somos nada, unidos podemos ser todo”.



Miguel, el Gobierno quiere trabajar al susto a las organizaciones…

Criminalizar para neutralizar las legítimas movilizaciones de nuestras organizaciones, eso se está haciendo en este momento. Neutralizar para controlar todos los poderes en el país. Y controlar para seguir saqueando nuestros recursos, manteniendo sueldos de hambre para los trabajadores y contaminando el agua de nuestros pueblos. Ésa es la estrategia de las transnacionales y de las oligarquías locales que se han adueñado del país.

Amenazan con la represión…

Así es. Si dices que las grandes mineras están contaminando tu río, las autoridades de arriba y las de abajo no te escucharán. Si dices que esas empresas se han adueñado del territorio de tu comunidad, se reirán en tu cara. Si dices que no hay trabajo, que el sueldo no alcanza para nada y que la justicia es sólo para los que tienen plata, dirán que eres un resentido social, un comunista, un terrorista. Lo mismo dirán, en coro, sus grandes medios de comunicación. Y si organizas un gremio en tu comunidad o en tu provincia para defender colectivamente tus derechos, te presionarán porque te considerarán “peligroso” para sus intereses. Y si, finalmente, realizas huelgas o paros, vendrán sus agentes a meterte palo o bala. La gente del Gobierno se infiltra en las movilizaciones y quema locales y causa muertes para echar la culpa a los dirigentes. Aquí ya no importa que digas la verdad o tengas la razón. Igual te denunciarán. Por decir la verdad y por defender sus derechos hay casi mil dirigentes en todo el país con un pie en la cárcel. A tanto ha llegado la insolencia de las transnacionales y de su secretario Alan García.

¿Qué deben hacer las organizaciones ante este panorama aparentemente desolador?

Hasta el momento las organizaciones hemos sido eso: una dispersión. Dispersión de voluntades, fuerzas, aspiraciones, sueños. Por eso hay tantos dirigentes denunciados, sin abogados y con familias abandonadas, y pronto seremos diez mil, cien mil denunciados. Así dispersos, a pesar de que juntos representamos a millones de personas, ¿qué somos en este momento en la vida política del país? NADA. Pero si queremos, podemos ser TODO. Para eso el primer paso es la UNIDAD. A ver si van a poder encarcelarnos a los 28 millones de peruanos.

Todo el año, todos los años hay movilizaciones…

Perdemos fuerza en el tiempo y en el espacio. Un determinado mes se movilizan los profesores, después los trabajadores de la salud, luego los agricultores, enseguida los pueblos afectados por la minería, etcétera. Desde enero hasta diciembre tenemos movilizaciones en el norte, en el sur, en el centro, en el oriente, que dejan muertos, heridos, denunciados, encarcelados… y al final no logramos nada o logramos poco. Si todas las organizaciones, en todo el país, en una sola fecha, nos movilizáramos pacífica y democráticamente, no habría muertos ni heridos ni denunciados ni encarcelados, y el Gobierno no se burlaría de nosotros como lo viene haciendo hace tantos años. Es más: ni el presidente que tenemos sentado en Palacio estaría ahí.

Y la protesta no terminaría al final de la movilización…

Así es. Es tiempo de que pasemos de la protesta a la propuesta. Hemos dejado el manejo del país en manos de partidos y políticos tradicionales, y mire usted adónde nos han llevado: estamos considerados como uno de los países más pobres del planeta a pesar de que tenemos todo (desde el mar hasta la selva) para ser un país del primer mundo. Ya es tiempo de que desde las organizaciones vivas del país emerja la propuesta de un nuevo proyecto que beneficie a todos los peruanos y no sólo a unos cuantos como sucede ahora. Nos toca partir de aquí. De lo que nos une y nos separa. Sin imponer. Convenciendo.

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Más de 600 procesados por defender sus derechos



Con el pretexto de investigaciones del Ministerio Público o con procesos judiciales abiertos, Alan García lleva a cabo una sistemática política de persecución contra dirigentes de las organizaciones. Actualmente alrededor de 650 dirigentes enfrentan procesos judiciales por encabezar acciones legítimas de protesta en defensa de sus derechos individuales y colectivos, denuncian organismos de derechos humanos.

Es evidente la intención del gobierno por acallar las voces de las organizaciones, con versiones antojadizas mediante una política de criminalización de la protesta.

Alrededor de 300 pobladores de los distritos del Alto Piura enfrentan los cargos de terrorismo por el solo hecho de proteger su comunidad y su medio ambiente de la minera Río Blanco, ahora vendida a un grupo transnacional chino.

32 dirigentes de la Alianza de Federaciones e Indígenas de Madre de Dios y de Aidesep son procesados por el paro nacional, cívico y popular del 9 de julio del año pasado.

En Cusco, luego de la movilización y la huelga regional en defensa de su patrimonio cultural, 78 personas han sido enjuiciadas. Asimismo, otros 22 ciudadanos de la provincia de Mariscal Nieto, Moquegua, son procesados por el ‘Moqueguazo’. Como consecuencia del paro agrario de febrero del año pasado, la justicia abrió procesos contra dirigentes de los frentes de defensa de Huanta y Ayacucho, como Iber Maraví y el representante de la comunidad de regantes, Teodoro Quispe, acusándolos por el delito de disturbios (un muerto).

Hay 54 procesados en Tambogrande, Piura, por defender el medio ambiente, 40 procesados en Tacna por defender el derecho al canon minero (tres muertos); 2 indígenas de la comunidad de Andoas, Loreto, detenidos injustamente por enfrentar a la empresa Pluspetrol y 12 dirigentes de Pichanaki por protestar contra los decretos legislativos lesivos contra la selva.

Además, 16 integrantes de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Educación por participar en una huelga general, 23 dirigentes de la comunidad campesina de Oyón, Lima, por demandar mejoras salariales y condiciones de trabajo a la empresa minera Los Quenuales, 50 dirigentes de la comunidad de Santa Ana de Tusi, Cerro de Pasco, procesados por denunciar actos de corrupción en el gobierno central y 12 dirigentes del Frente de Desarrollo y Defensa del Patrimonio de la Provincia de Huarmey, Áncash, por exigir sus derechos a la compañía minera Antamina. (Diario La Primera)