SE DESATA TERRORISMO DE ESTADO

EL TERRORISMO DE ESTADO CRECE:
ORDENAN CAPTURA DE DIRIGENTES OPOSITORES

El premier es hipócrita, se reunió con los dirigentes de izquierda, pero la procesión iba por dentro, el plan terrorista del Estado ya estaba diseñado.

Alberto Moreno, Yen Campos Cuadrao, Renán Raffo, Olmedo Auris, y otros dirigentes de izquierda pueden ser detenidos, a pesar que el premier Yehude Simon se reunió con varios de ellos y les dio garantías de que no serían perseguidos.

A poco más de un mes de que LA PRIMERA reveló un plan para detener a un grupo de dirigentes de izquierda y al líder opositor Ollanta Humala, en un proceso por “terrorismo internacional”, hemos descubierto que ya existe la orden de un juez para que la policía proceda a las detenciones en cualquier momento.

Si Yen Campos, Alberto Moreno, Renán Raffo u Olmedo Auris decidieran viajar por estos días de fiesta, quedarían detenidos en el aeropuerto o en cualquier garita de carretera y pasarían directamente a manos de la Dircote para ser investigados por una denuncia por colaboración con el terrorismo internacional, impulsada por la policía, una dependencia del Ministerio del Interior, y formulada por el juez Omar Pimentel Calle del 2do Juzgado Supranacional. Lo mismo les ocurriría si acuden a una comisaría por cualquier motivo.

Son 13 ciudadanos peruanos que se encuentran en esta situación en plenas fiestas navideñas y cuando el gobierno trata de estimular el solidario espíritu teletonero que tanto favorece la subida de Alan García en las encuestas. Todos ellos podrían ser ubicados en sus viviendas y detenidos, cualquiera de estos días.

En noviembre, este diario destapó, en vísperas de la reunión de APEC, un informe secreto de la Dircote que pidió la detención de los dirigentes y el ministro del Interior, Remigio Hernani, reconoció que la investigación existía y el pedido estaba hecho para las detenciones y la citación de grado o fuerza al líder nacionalista Ollanta Humala.

Ahora existe un “auto apertorio” del primer caso sobre terrorismo internacional, en el que, según nuestras fuentes, se ha comprendido a las 13 personas que estaban en el documento secreto que LA PRIMERA mostró a la opinión pública: Yen Amadeo Campos Cuadrao( vocero del Movimiento Democrático del Perú: DIGNIDAD NACIONAL), Alberto Moreno Rojas del Río; Nicolás Olmedo Auris Melgar, Carlos Gerardo Benavides Caldas, Jorge Luis Jaime Cárdenas, Julio Isaías Céspedes Olórtegui, Luis Gastón Marquina Hernández, Luis Alberto Benites Jara, Eder Gerardo Cava, Jacinto Cunia García, Renán Raffo Muñoz, Rogger Abel Taboada Rodríguez y Felícita Cueva Capa, así como otros no identificados.

El mandato indica que se trata de una “medida limitativa de la libertad”, que implica la “detención preliminar de los investigados”, los que deberán ser llevados ante la Dircote, que podrá retenerlos por 15 días bajo interrogatorio, tras lo cual un juez determinará si procede la detención definitiva en un penal. El primer ministro Simon se reunió con parte de los implicados y les expresó su confianza y seguridad que eran totalmente ajenos a actos de terrorismo.
Además dijo que no permanecería en el cargo si estas personas fueran detenidas.

Cacería de brujas.

La acusación de la Dircote invoca una información supuestamente recibida de la policía colombiana y obtenida de la famosa computadora de Raúl Reyes, dirigente de las FARC muerto durante una intervención del Ejército del presidente Álvaro Uribe en territorio ecuatoriano. La credibilidad de la fuente ha sido cuestionada inclusive oficialmente en Colombia y de ahí viene una supuesta identificación de seudónimos que supuestamente corresponden a personas que han estado legalmente en el Perú y que han tenido reuniones legales y públicas con políticos peruanos.
El caso más notorio es el del parlamentario venezolano Almikar Figueroa, al que se le asocia con la Coordinadora Continental Bolivariana y que ha participado en el Perú en citas parlamentarias internacionales y en actividades diplomáticas en la embajada de su país y en las casas de algunos funcionarios. Esos encuentros son utilizados como “pruebas” de vinculación con el terrorismo internacional, sin que en ningún caso haya evidencias de participación de los peruanos en acciones de las FARC dentro de territorio colombiano, ni de los visitantes en planeamiento o ejecución de algún acto de terrorismo en el Perú.